Caracas se encuentra bajo una estricta vigilancia militar. En los últimos días, efectivos uniformados y policías encapuchados intensificaron los controles en los accesos a la ciudad y los alrededores de los edificios gubernamentales. Este despliegue se debe a la inminente asunción de Nicolás Maduro como presidente, programada para el próximo 10 de enero.
El ambiente está cargado de tensión. En esta misma línea, el régimen anunció la captura de siete extranjeros, entre ellos dos ciudadanos norteamericanos, acusados de ser "mercenarios" enviados para desestabilizar al gobierno bolivariano. Las detenciones incluyen a figuras relacionadas con la oposición, como el yerno de Edmundo González Urrutia.
"Hemos capturado a siete mercenarios extranjeros en un solo día", afirmó Maduro en su última declaración. Según él, los acusados son parte de un complot para sabotear su próxima investidura presidencial. Sin embargo, las detenciones arbitrarias y el uso del término "mercenario" para referirse a opositores han generado críticas dentro y fuera de Venezuela.
La situación en la capital parece agravarse. Los operativos incluyen arrestos nocturnos y fuertes controles en puntos estratégicos de la ciudad. Mientras tanto, el gobierno insiste en que estas medidas son necesarias para garantizar la estabilidad del país ante posibles amenazas internas y externas.
En las calles, el clima de incertidumbre crece. Los residentes observan con cautela los movimientos de las fuerzas de seguridad. Aunque Maduro asegura que estas acciones son para proteger su gobierno, la comunidad internacional muestra preocupación por las crecientes violaciones a los derechos humanos.