Los abogados porteños salieron a rechazar el fin de la conciliación en las Relaciones de Consumo

El Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal se pronunció en rechazo de posibles reformas al sistema de conciliación en consumo.

Los abogados porteños salieron a rechazar el fin de la conciliación en las Relaciones de Consumo (Foto: CPACF)

En el ámbito de la abogacía porteña, la posible eliminación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) generó gran revuelo. Desde hace unos días, abogados, mediadores y consumidores expresan su preocupación por rumores sobre el fin de este sistema que facilita la resolución de conflictos en el consumo, vigente desde 2014 tras la reforma del Código Civil y Comercial.

La Unión de Mediadores Prejudiciales fue la primera en alertar, asegurando que el servicio podría finalizar en enero próximo. Representantes de la entidad confirmaron que llevarán adelante todas las acciones legales necesarias para defender la fuente de ingreso de los profesionales afectados y preservar el acceso a la justicia de los consumidores.

En respuesta, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), encabezado por Ricardo Gil Lavedra, expresó su rechazo a la posible reforma. La institución advirtió que el cambio propuesto podría limitar el trabajo de los abogados conciliadores, que ejercen de forma independiente en este ámbito. “Esta reestructuración pondría en riesgo la conciliación en consumo, que es una herramienta clave para el acceso a la justicia y la resolución pacífica de conflictos”, señalaron en un comunicado.

El CPACF también remarcó la necesidad de proteger el derecho de los consumidores, especialmente en localidades alejadas que dependen de estos servicios. En varias zonas del interior, señalaron, aún no existen oficinas de Defensa del Consumidor, lo que dificulta que los ciudadanos accedan a este tipo de mediación sin recurrir a los centros urbanos.

El sistema Consumo Protegido fue diseñado para resolver conflictos donde un consumidor perciba un incumplimiento por parte de un proveedor. Los reclamos bajo este servicio pueden involucrar casos hasta el límite de 55 salarios mínimos. Sin embargo, el servicio tiene un costo: el consumidor que elija la conciliación debe cubrir los honorarios y notificaciones correspondientes. Además, este proceso permite suspender los plazos de prescripción de acciones judiciales y administrativas relacionadas con la Ley de Defensa del Consumidor.

De esta manera, el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal ratificó su postura y espera que las autoridades tomen decisiones que beneficien a toda la sociedad, asegurando el acceso a la justicia y evitando un retroceso en la defensa de derechos.

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