La ex Ciccone Calcográfica, fábrica reconocida por su vinculación con la corrupción, dejó de operar oficialmente. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que esta decisión generará un ahorro estimado de $5040 millones anuales para el Estado.
La medida incluye el desmantelamiento de maquinaria y el retiro del personal, dejando a 270 empleados en la incertidumbre. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el predio será puesto en subasta para destinarlo a otros usos.
La planta había sido expropiada en 2012 durante la gestión de Amado Boudou, en un caso que quedó asociado a irregularidades de gran magnitud. Con el paso del tiempo, el gobierno actual concluyó que era más económico recurrir a proveedores internacionales para la fabricación de billetes.
El cierre también incluye el traslado de equipos utilizados para fabricar pasaportes y chapas patentes. Estas maquinarias serán reubicadas en otras dependencias del Estado.
La noticia marca el fin de una etapa polémica para esta empresa, dejando un mensaje claro sobre el impacto que tuvo en las finanzas públicas y su relación con la corrupción.