La auditoría que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) está por iniciar sobre la Universidad de Buenos Aires (UBA) apunta a analizar en detalle cómo se utilizaron los fondos que esta casa de estudios recibió del Tesoro Nacional en los últimos años. Desde el 28 de octubre, el organismo de control pondrá bajo la lupa la rendición de cuentas de estos recursos y revisará en profundidad los convenios firmados con distintos ministerios y organismos públicos.
Falta de rendición de cuentas en fondos millonarios
Entre 2020 y 2022, la UBA no rindió el 89% de los fondos recibidos a través de programas de fomento, una cifra que supera los $8000 millones. Este dinero debería haberse utilizado en proyectos vinculados al desarrollo universitario y regional, bajo el marco del programa FUNDAR. Sin embargo, la falta de claridad sobre su destino genera dudas en los auditores de la SIGEN, que ya tenían conocimiento sobre estas irregularidades desde hace tiempo.
Un control que se amplía a convenios y subcontrataciones
La SIGEN también planea revisar exhaustivamente 2245 convenios suscritos entre universidades nacionales y organismos de la Administración Pública. La sospecha de que estos acuerdos habrían sido subcontratados encendió las alarmas en el organismo de control. Muchos de estos convenios, que manejan cifras de hasta $170 millones y carecen de licitación, podrían haber servido para la contratación indirecta de personal, lo que está prohibido por el decreto 426/2022.
El rol de la SIGEN en la revisión de fondos públicos
El organismo liderado por Miguel Blanco apunta a detectar irregularidades y fallas en la administración de los fondos públicos, poniendo especial énfasis en gastos excepcionales o no planificados que suelen realizarse a través de cajas chicas. Estas últimas son un recurso de bajo control que, en algunos casos, se depositan en cuentas personales de los responsables de ejecutar el gasto.
El contexto legal que facilita las auditorías
El marco regulatorio de este tipo de auditorías se reformuló recientemente, permitiendo que la SIGEN audite a la UBA y otras universidades nacionales, gracias a la anulación de un dictamen anterior que impedía tales controles. El nuevo contexto permite que los fondos del Estado dirigidos a instituciones académicas estén sujetos a análisis detallado, lo que genera más presión sobre el uso de esos recursos.
Transparencia en los fondos universitarios
Además de analizar los gastos específicos, la SIGEN verificará que el dinero público entregado para diversos proyectos haya sido utilizado correctamente. Esta tarea no solo busca claridad en el destino de los fondos sino también que las universidades cumplan con el objetivo de fortalecer el desarrollo nacional a través de actividades educativas y científicas.