El Estado ha destinado una suma millonaria para financiar el retiro de empleados
de empresas estatales, mientras avanza con la reducción de la planta y la
posible privatización de las mismas.
El plan de retiros voluntarios en empresas públicas: más de 6.000 empleados y un costo de $215.000 millones (Foto: Prenoticia)
El Correo Argentino, con 2.986 trabajadores que adhirieron al programa de retiros voluntarios, encabeza el listado de las empresas públicas con mayor número de bajas. El costo para el Estado de estas salidas asciende a $99.880 millones. Según información brindada por la propia compañía, la dotación de empleados se redujo en un 18,8% desde enero de 2024, pasando de 16.775 trabajadores a 12.800, lo que equivale a una baja de casi 4.000 personas. El programa de retiros en la empresa postal aún continúa vigente, mientras se ajusta el servicio y la red de oficinas.
A pesar de los avances en la reducción del personal, el Correo Argentino quedó finalmente excluido del listado de compañías a privatizar, tras la presión de sectores de la oposición durante las negociaciones para la aprobación de la Ley Bases. Con 1.426 sucursales en todo el país, la compañía ha reducido sus oficinas en un 3,9% en comparación con diciembre de 2023, aunque se han abierto 5.000 puntos de recepción y distribución para garantizar una mayor cobertura geográfica. Sin embargo, la disminución del personal generó inquietud en la Justicia Electoral debido a su responsabilidad en la logística de las elecciones, aunque desde la empresa aseguraron que, tal como indica el Código Nacional Electoral, cumplirán con sus funciones sin alteraciones.
Por su parte, la empresa AySA, encargada de la provisión de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, también ha implementado su propio plan de retiros voluntarios. Un total de 1.300 trabajadores se acogieron a esta iniciativa, lo que significó un desembolso de $39.000 millones para el erario público. Desde la compañía, informaron que el objetivo inicial del plan se cumplió y que ahora están abocados a un proceso de Reconversión Laboral para ajustar su estructura y funciones.
En total, la gestión de Javier Milei ha destinado $215.000 millones para financiar el retiro de 6.280 empleados de distintas empresas públicas. Este esfuerzo, que también incluye jubilaciones anticipadas, forma parte de un plan más amplio que busca la reducción del aparato estatal con miras a una eventual privatización o concesión de las compañías a manos privadas. Los datos, que fueron presentados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, reflejan la decisión del Gobierno de avanzar en la disminución del personal de empresas estatales como parte de su agenda de ajuste.
El Correo Argentino, con 2.986 trabajadores que adhirieron al programa de retiros voluntarios, encabeza el listado de las empresas públicas con mayor número de bajas. El costo para el Estado de estas salidas asciende a $99.880 millones. Según información brindada por la propia compañía, la dotación de empleados se redujo en un 18,8% desde enero de 2024, pasando de 16.775 trabajadores a 12.800, lo que equivale a una baja de casi 4.000 personas. El programa de retiros en la empresa postal aún continúa vigente, mientras se ajusta el servicio y la red de oficinas.
A pesar de los avances en la reducción del personal, el Correo Argentino quedó finalmente excluido del listado de compañías a privatizar, tras la presión de sectores de la oposición durante las negociaciones para la aprobación de la Ley Bases. Con 1.426 sucursales en todo el país, la compañía ha reducido sus oficinas en un 3,9% en comparación con diciembre de 2023, aunque se han abierto 5.000 puntos de recepción y distribución para garantizar una mayor cobertura geográfica. Sin embargo, la disminución del personal generó inquietud en la Justicia Electoral debido a su responsabilidad en la logística de las elecciones, aunque desde la empresa aseguraron que, tal como indica el Código Nacional Electoral, cumplirán con sus funciones sin alteraciones.
Por su parte, la empresa AySA, encargada de la provisión de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, también ha implementado su propio plan de retiros voluntarios. Un total de 1.300 trabajadores se acogieron a esta iniciativa, lo que significó un desembolso de $39.000 millones para el erario público. Desde la compañía, informaron que el objetivo inicial del plan se cumplió y que ahora están abocados a un proceso de Reconversión Laboral para ajustar su estructura y funciones.
En total, la gestión de Javier Milei ha destinado $215.000 millones para financiar el retiro de 6.280 empleados de distintas empresas públicas. Este esfuerzo, que también incluye jubilaciones anticipadas, forma parte de un plan más amplio que busca la reducción del aparato estatal con miras a una eventual privatización o concesión de las compañías a manos privadas. Los datos, que fueron presentados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, reflejan la decisión del Gobierno de avanzar en la disminución del personal de empresas estatales como parte de su agenda de ajuste.
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