El Ejecutivo avanza con multas millonarias para las empresas que no eliminen
cargos extras en las facturas de servicios esenciales, cumpliendo con la
normativa que protege a los consumidores.
El Gobierno se endurece contra las empresas que incluyan tasas municipales en las facturas de luz y gas (Foto: Prenoticia archivo)
El cobro indebido de tasas municipales en las facturas de luz y gas está en
la mira del Gobierno. Tras recibir múltiples denuncias por parte de usuarios y entidades, el
Ejecutivo anunció que multará a las empresas que mantengan estos recargos, que
están prohibidos por la nueva normativa vigente. La medida busca que las
facturas se ajusten exclusivamente al servicio contratado, sin incluir cargos
ajenos, como tasas municipales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue tajante al afirmar que “las
facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la
descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el
consumidor”. Esta decisión, respaldada por la Resolución 267/24 de la
Secretaría de Industria y Comercio, establece que cualquier cargo adicional no
autorizado será pasible de sanciones, con multas que pueden oscilar entre
$374.129 y $1.571.343.900. La normativa también deja claro que la
información contenida en los comprobantes debe referirse solo al bien o
servicio suministrado, sin excepciones.
En sus considerandos, la resolución advierte que se ha vuelto una práctica
común en muchos proveedores incluir conceptos que no corresponden al
servicio esencial
que los consumidores contratan. El Gobierno considera esta práctica una
violación a los derechos del consumidor y una falta de transparencia, que
afecta la libertad de elección y el trato digno que los usuarios
merecen.
La medida ha generado tensiones con las autoridades locales, quienes aseguran
que la decisión afecta su capacidad para cobrar ciertos servicios municipales,
como el alumbrado público. El gobernador de Buenos Aires,
Axel Kicillof, se mostró crítico con la normativa, señalando que “los
intendentes están en el primer mostrador” y que esta medida los perjudica al
limitar sus herramientas de recaudación. Kicillof también destacó el rol de
los jefes comunales en la gestión de la crisis, diciendo que sin su apoyo, la
situación social sería mucho más compleja.
A pesar de estas críticas, el Gobierno nacional sigue firme en su
postura de proteger a los consumidores de cobros injustificados. Las empresas
proveedoras de servicios, tanto de luz como de gas, tendrán un plazo de
30 días para adecuar sus facturas y eliminar cualquier cargo adicional.
De no hacerlo, enfrentarán las severas sanciones previstas en la ley.
El objetivo de esta normativa es garantizar que las facturas de los servicios
esenciales reflejen de manera clara y transparente el costo real del servicio
que los usuarios consumen, sin que se les agreguen recargos que no les
corresponden.
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