Diputados bonaerenses buscan aumentar las indemnizaciones por despido para confrontar la reforma laboral de Milei

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ha dado un paso significativo hacia el aumento de las indemnizaciones por despido, desatando una ola de debate y controversia

Diputados bonaerenses buscan aumentar las indemnizaciones por despido para confrontar la reforma laboral de Milei (@diputadosuxp_ba, X)

La medida, promovida por la diputada camporista Maite Alvado en conjunto con Soledad Alonso, busca contrarrestar la propuesta de reforma laboral impulsada por Javier Milei a nivel nacional. El proyecto, que ahora pasa al Senado bonaerense para su evaluación, ha generado reacciones encontradas tanto en la oposición como en el sector empresarial.

Se argumenta que el incremento en los costos laborales podría desincentivar la generación de empleo y afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, quienes tendrían que asumir mayores gastos por concepto de indemnizaciones.

¿Cuál es la modificación que plantean los Diputados bonaerenses ?

La modificación propuesta consiste en reemplazar la tasa pasiva utilizada para calcular los intereses en los juicios laborales por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), agregando además un cargo adicional del 6%.

Este cambio, de ser aprobado, impactaría directamente en los montos finales de las indemnizaciones, lo que podría complicar la situación tanto para las empresas como para los trabajadores. El proyecto, respaldado por una mayoría en la Cámara baja, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y del sector empresarial, quienes advierten sobre sus posibles efectos negativos en el mercado laboral.

A pesar de las objeciones, el proyecto ha avanzado y está listo para ser discutido en el Senado. Esta iniciativa, que va en contra de la reforma laboral propuesta por el presidente en la Ley Bases, refleja la voluntad del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires de establecer una postura diferenciada en materia laboral. Ahora, queda en manos del Senado decidir el destino de esta propuesta y evaluar sus implicancias tanto para los empleadores como para los trabajadores.

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